El juez Baltasar Garzón dictó un auto en el que diferencia la actividad de la izquierda abertzale y la de ETA. El magistrado decidió no citar a declarar a Arnaldo Otegui y a otros miembros de Batasuna por las ruedas de prensa que realizaron tras el atentado de la T-4 el pasado 30 de Diciembre de 2006.
El juez sostiene que “criminalizar las acciones de la izquierda ‘abertzale’, por el solo hecho de afirmar que son Batasuna y ETA, es una reducción simplista, no ajustada a la realidad, y, en todo caso, sin justificación probatoria en esta causa y contradice abiertamente el art. 24.2 de la Constitución Española [que se refiere a la presunción de inocencia]”.
Este pronunciamiento de Garzón va contracorriente en el ámbito judicial y político y seguramente reciba grandes críticas.
Además el juez de la Audiencia Nacional aclara en su auto que cualquier dirigente de Batasuna, “llámese Otegi, Berrena o Permach, […] no tienen suspendidos sus derechos civiles o políticos, y los procesados, en tanto no estén privados de libertad, tampoco”.
De un tiempo a esta parte, el poder judicial me desconcierta por sus actuaciones. La búsqueda de algún tipo de delito que imputar al etarra De Juana Chaos con el objetivo de evitar su salida de prisión después deque este cumpliera condena, fue el mejor ejemplo de una actuación premeditada.
Decir esto hace que algunos se “rasgen las vestiduras”, supongo que Garzón también será fieramente criticado por no atender a razones políticas y sí a razones y fundamento de derecho constitucional.
Los que hace unos años se abrazaban a la Constitución, a pesar de no haber creído nunca en ella, ahora la olvidan al no recordar que la Norma nos hace iguales ante la ley.
No se enjuicia a las personas por quién son sino por sus actos, y los derechos civiles o políticos de los individuos no pueden ser pisoteados aunque quien los ejerza no crea en el sistema político vigente. Esta es la grandeza de la democracia, igualdad de derechos y deberes.
